por Washington Uranga

Transcurrieron más de tres meses desde el 9 de octubre pasado,
cuando el Tribunal de La Plata condenó al sacerdote Christian von Wernich por
delitos de lesa humanidad. Después de un tibio comunicado de la conducción de la
Conferencia Episcopal, en el cual los obispos insistieron en su línea argumental
rechazando toda responsabilidad institucional y señalando que el cura actuó
“bajo su responsabilidad personalâ€, el obispo de 9 de Julio, Martín de Elizalde,
pidió “perdón†en nombre de la Iglesia por los delitos de Von Wernich, pero
pateó la pelota para adelante respecto de las sanciones al cura violador de los
derechos humanos. “Oportunamente se habrá de resolver, conforme a las
disposiciones del Derecho Canónico (la ley eclesiástica), acerca de la situación
de Christian von Wernichâ€, escribió entonces el obispo.

Hoy, el cura torturador está preso pero sigue gozando de todas las
atribuciones y consideraciones de su condición sacerdotal. Para el obispo de 9
de Julio y para la jerarquía de la Iglesia Católica todavía no ha llegado la
ocasión para trasladar al fuero eclesiástico las sanciones que podrían caberle a
Von Wernich por los cargos de violación de los derechos humanos que se le
probaron en la Justicia civil. Por lo mismo el cura encarcelado sigue ostentando
su condición de ministro religioso. O bien las autoridades eclesiásticas creen
que lo que se ha probado en juicio no se ajusta a verdad y que, coincidiendo con
la opinión de Von Wernich, el tribunal actuó con sentido político y por venganza
o, lo que sería igualmente grave, parten de la base de que lo que se le ha
probado al ex capellán de Ramón Camps no contradice las enseñanzas de la
Iglesia. Ambos argumentos carecen de fundamento válido. El primero porque Von
Wernich tuvo un juicio ajustado a derecho, algo de lo que no gozaron sus
víctimas y las de sus cómplices. Lo segundo porque el cura hoy condenado atentó
contra la vida de muchas personas.

La jerarquía católica se cansa de afirmar el derecho a la vida en todos sus
aspectos. Vale preguntarse entonces ¿qué está esperando la jerarquía de la
Iglesia para tomar medidas con Von Wernich? ¿O para anunciar a la sociedad, que
también necesita saberlo porque ha sido ofendida, si esas medidas se tomaron en
sigilo institucional? Es tan grave que el cura no reciba sanción alguna por
parte de la Iglesia como que las eventuales medidas en su contra –si es que
existen– se guarden en la reserva institucional. La “oportunidad†a la que se
refirió el obispo Martín de Elizalde en ocasión de su comunicado sobre Von
Wernich se vuelve cada vez menos oportuna a medida que transcurre el tiempo sin
novedades. Y el escándalo ya generado por el sacerdote torturador a través de
sus acciones condenadas por la Justicia se agranda con el paso de los días y,
por más que los obispos intenten deslindar responsabilidades, mancha
irremediablemente a la institución que, en tanto que lo mantenga en sus filas
sin tomar ninguna medida, se puede transformar en cómplice. ¿De qué
“oportunidad†habla el obispo de 9 de Julio? ¿Qué implica el trámite
eclesiástico de acuerdo con el Derecho Canónico? ¿Supone un nuevo juicio que
desconoce lo actuado por la Justicia civil? Sería bueno aclararlo, para que
tanto los católicos como la opinión pública puedan conocer cuáles son los pasos
que la jerarquía de la Iglesia está dando sobre este tema. Porque si la conducta
de Von Wernich constituye por sí misma motivo de escándalo para los cristianos,
el silencio y la omisión de la jerarquía católica respecto de sus actitudes
instaura también la imagen de un escándalo institucional porque podría leerse
como complicidad, salvo por la hoy ya insuficiente aceptación de
responsabilidades y pedido de perdón hechos por el obispo de 9 de Julio.