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Cuando restan sólo dos semanas para el inicio del sistema de transporte público de pasajeros, Transantiago, muchas voces alertan acerca de las amenazas que encierra para usuarios y trabajadores. Es el contraste con la resonancia de los anuncios del gobierno acerca de esta verdadera revolución del transporte público.
Ricardo Maldonado, presidente de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte (CONUTT), y dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dio a conocer las reservas y críticas que los trabajadores de este sector tienen sobre uno de los proyectos estrella del gobierno de Ricardo Lagos, heredado por la actual presidenta.
“Es importante señalar que Transantiago es la continuación de las políticas de transporte público de pasajeros en el marco del neoliberalismo, que ha llevado adelante la Concertación –explica el dirigente. Estas comenzaron en 1992 con las primeras licitaciones en que se pintaron los buses amarillos, como se les conoce. Ahí nació el primer proceso de licitación, que contemplaba dos o tres cosas de fondo: la empresarización del sector, sólo se pensaba hacer la transformación del transporte público de pasajeros con la empresa nacional y a través de procesos de licitación de vías. Segundo, se hablaba de un mejoramiento, mejor trato, salario fijo para los conductores. Eso iba a permitir cambiar la conducta del chofer producto de la caza del pasajero, a la que hasta hoy está acostumbrado por el sistema.
Tercero, se pretendía mejorar el medio ambiente, los desplazamientos. Se suponía que habría menos contaminación, menos congestión. En esa lógica se planteó la implementación de estas políticas, pero se demostró que eran un fracaso, porque la encuesta “Orígen-Destino”, que realizó el ministerio de Transporte en 1991 y que cotejó con el año 2001, después de tres procesos de licitación, demostró que la ciudadanía prefería el vehículo particular, el Metro, los taxis colectivos y el uso de la locomoción colectiva iba disminuyendo en la población. Pero la lógica de las políticas tendía a lo contrario. A dotar de un mejor servicio a la población, que en la práctica era lo contrario, el servicio iba empeorando”.
-¿Cuál fue la reacción de las autoridades?
“Cuando se reconoció el fracaso del proceso, no se dijo públicamente, pero se demostró que lo reconocieron, porque terminaron con esos procesos de licitación y nació este proyecto denominado Transantiago, con el que optan no sólo porque participe en el transporte público de pasajeros urbanos, la empresa nacional y el minstro Etcheberry salió a la caza de capitales extranjeros. Andubo en Europa, América del Norte, en los países escandinavos, buscando quien se interesara en este proyecto que abría las posibilidades para que empresas transnacionales del transporte de pasajeros operasen en Chile”.
-¿Qué ocurrió con el nuevo proceso?
“En 2003 pusieron las bases de licitación a la venta. Participaron varios consorcios: españoles, franceses, mexicanos y aquellos que llevan adelante el proyecto Transmilenio en Bogotá, la capital colombiana, se adjudicaron el servicio de transporte público de pasajeros. También la empresa Subus, encabezada entonces por Héctor Moya asociado con un empresario coreano. Este último salió de la operación y su parte fue comprada por otros capitales colombianos vinculados también al transporte público de pasajeros, quedó Yurazeck, con la empresa Redbus, que hace tres meses vendió a una empresa francesa, de las más grandes en el transporte público de pasajeros en el mundo. Los franceses están aquí a través de esa venta”.
-¿Qué pasa con los otros empresarios nacionales?
“El transporte público de pasajeros tiende a monopolizarse. Más del 50 % está ya en manos de transnacionales. La empresa nacional a través de la asociación gremial y otras empresas del sector, logra seguir participando, pero si no tienden a fortalecerse, a hacer alianzas con otras empresas grandes, es muy probable que desaparezcan”.
El costo para los trabajadores
-Cuál ha sido el impacto para los trabajadores del sector producto del impulso al proyecto Transantiago?
“Esto ha terminado con un sector importante de pequeños propietarios del transporte público. Por otro lado el año de implementación que lleva Transantiago, registra más de 3.500 trabajadores fuera del sistema. El 31 de diciembre de 2005 salieron de circulación 900 máquinas. El 31 de diciembre de 2006 salieron 1.300 máquinas y el 10 de feberro próximo saldrán cerca de 700 máquinas más. Tienen que quedar operando 5.100 máquinas. Eso conlleva aproximadamente 4.500 a 5.000 trabajadores, entre conductores, personal administrativo que quedan cesantes y fuera del sistema”.
-¿En qué situación quedan esos trabajadores?
“Surge una gran preocupación, porque en el caso de muchos de ellos nadie está respondiendo por las indemnizaciones que les corresponde por el término de su relación laboral y por tanto nadie está dando una respuesta al respecto.
Hemos insistido con el gobierno, porque el Estado tiene que asumir responsabilidades sociales. Es el Estado quien impulsa e impone este sistema y obliga al término de la relación laboral, porque las nuevas empresas son las que tienen que contratar y la relación contracutal se termina porque el Estado ordena al empleador a finiquitar al trabajador y contratarlo con una nueva razón social”.
-¿En qué pie quedan las condiciones contractuales?
“Nos interesa que los trabajadores estén contratados por las empresas concesionarias, pero eso no garantiza que se paguen las indemnizaciones al trabajador afectado y las imposiciones atrasadas. Eso queda al arbitrio de la relación entre empresa privada y trabajador y conocemos como es la justicia laboral chilena”.
-¿Qué ocurre con la justicia laboral?
“Un trabajador de la locomoción colectiva que vaya a una demanda judicial por cobrar su remuneración e indemnizaciones, tiene un promedio de tres años de espera. En ese período ganará el juicio, pero tendrá que enmarcarlo y tenerlo de recuerdo, porque no tendrá a quien cobrarle, pues ya no existirá empresario, los responsables habrán desaparecido de la actividad. Por eso insistimos en que el Estado tiene que asumir una responsabilidad social en este caso”.
-Esto lo vienen tratando con las autoridades de un tiempo a esta parte, ¿cuál es la situación actual de estas conversaciones?
“El 21 de agosto de 2006 firmamos un acuerdo con el ministro, el subsecretario y el seremi de Transporte, que contemplaba tres temas de fondo: la capacitación para el nuevo sistema, la reconversión laboral que llevara la posibilidad de que algunos trabajadores tuvieran la oportunidad de acceder a otro tipo de trabajos y la situación de los dirigentes sindicales, ya que son quienes tienen menos posibilidades de ser contratados por las empresas, precisamente por esa condición. Ese acuerdo cuenta con 7.400 millones de pesos, pero hasta ahora no se implementa”.
-¿Ninguna respuesta?
“Los 2.500 trabajadores afectados con la salida de estas 1.300 máquinas en diciembre, podrían estar usando los beneficios de ese acuerdo, pero no se implementa. Por eso realizamos la toma del ministerio de Transporte, porque solicitábamos reuniones y nos tramitaban. Recién no recibieron y estamos en un proceso de tira y afloja, porque no hay voluntad política de parte de las autoridades, para dar cumplimiento a estos acuerdos”.
-¿A qué atribuye la falta de voluntad política que señala?
“Uno tiene sus observaciones respecto a lo que pasa.
El ministro de Transportes es democratacristiano, el subsecreario es socialista, el seremi –que atendía esta relación en torno al acuerdo entre las organizaciones con la autoridad- es democratacristiano. Alguien está haciendo gallito. Hay un cuello de botella. Legitimamente se vienen cosas a la cabeza. ¿No le estarán haciendo un flaco favor (a la presidenta ndr), la intención de que ésto tenga efectivamente serios problemas para funcionar: aparte de la problemática para el ususario? ¿Están creando conflictos? Porque no se entiende, si están los 7.400 millones de pesos y un acuerdo firmado hace cuatro meses, ¿por qué no se implementa? Queda la sensación de que alguien está haciendo gallito y de que hay una pugna interna en el ministerio”.
-¿Qué harán ustedes frente a este escenario?
“Hemos inciado movilizaciones que tendrán carácter mayor”.
-Además de lo ya menmcionado ¿Cuál el pronóstico de ustedes respecto a lo que viene con el Transantiago?
“El 10 de febrero, cuando comience Transantiago, se creará un problema muy serio de servicio a la población, debido a que la malla actual de recorridos desaparece. O sea el servicio que cualquier ciudadano ocupa hoy y al que se encuentra acostumbrado para ir y regresar de su trabajo, desaparece. Habrá alimentadores, servicio de alimentadores, recorridos troncales, Metro y el gobierno acaba de anunciar la tarifa plana.
Actualmente, entre un 7 % u 8 % de quienes utilizan el transporte público, hace trasbordos. Están obligados a ello. Con el Transantiago más del 77 % estará obligado a hacerlos”.
El gran negocio
- Ustedes sostienen que las empresas operadoras serán las grandes ganadoras en todo esto ¿En que se fundamentan?
“¿Por qué el gobierno aparece demagógicamente con una tarifa plana de $ 380, que proporciona 90 minutos para hacertrasbordos sin pagar adicionalmente por ello? ¿A quén se está subsidiando con esa tarifa? ¿Está subsidiando al usuario? ¿Está subsidiando a las empresas? Porque a ellas les tiene garantizado a contar del 10 de febrero la oferta económica que se les hizo. Aquí las únicas que no pierden son las empresas del transporte. Tienen garantizados todos sus recursos. Tal como lo hacen con las concesionaras de las autopistas, que tienen un flujo de vehículos estimativo mensual. Si no logran eso, el Estado las compensa. Acá es lo mismo. Hay una estimación de que un recorrido tiene 500.000 pasajeros mensuales y si después del 10 de febrero tiene sólo 300.000, el Estado aporta la diferencia”.
-¿Quién asumirá en definitiva los costos del Transantiago?
“Quien está asumiendo el costo en definitiva de esta supuesta modernización del transporte público, son los usuarios a través de alzas de tarifa, porque el ministro anunció que probablemente en marzo haya alza de tarifas. Por otra parte los trabajadores cuyos derechos están siendo vulnerados desde ya y aquellos que quedarán en el sistema no tendrán garantizado que las grandes empresas les cumplan con sus derechos, como son las siete y media horas de trabajo, un salario digno, condiciones laborales adecuadas. Un ejemplo: en lo que tiene que ver con los terminales, lugares donde el trabajador pueda hacer sus necesidades y otras cosas relativas a la higiene y condiciones laborales, éstos no existen y no estarán listas el 10 de febrero. De las 32 estaciones de trasbordo que debiera tener construidas el sistema, con suerte hay 10 y no sabemos dónde”.
-¿Cómo evalúan que funcionará en cuanto a tarifas y recorridos?
“Dijimos hace tiempo que el Transantiago traería alzas de tarifas. Si hoy la autoridad mantiene la tarifa de $380, lo hace en una actitud demagógica frente al hecho de que tendrán serios problemas al inicio. Ellos ven cómo buscar el referente tarifario, para que no suba y evitar mayores confrontaciones con la población. Porque si un trabajador toma el bus en Maipú y llega a Las Condes con $380, y lo aborda al lado de su casa y lo deja al lado de su trabajo, ahora con esa misma tarifa tendrá que hacer dos transbordos y la gente requiere rapidez y esa persona demorará más tiempo en trasladarse, por tanto le saldrá más caro. Por algo Zamorano está llamando a la gente a salir antes a tomar locomoción, porque preveen que la situación será sumamente compleja”.
-Pese a todas las críticas, la modernización del sistema de transporte público es necesaria.
“Quiero ser muy responsable. Como organización hemos estado y estaremos porque se modernice el transporte público de pasajeros. Hay que asumir que los servicios existentes no son de calidad, no son cofortables ni seguros, por miles de razones. Queremos que el transporte público mejore. Pero que eso no ocurra a costa de los propios usuarios y a través de la explotación y del incumplimiento de las leyes laborales en perjuicio de los trabajadores”.
-¿Qué rol debería jugar la autoridad?
“El Estado debió asumir una actitud no sólo reguladora sobre este asunto. Así como tiene el Metro y definió que fuera el eje estructurante del Transantiago y se hicieron extensiones de líneas, ¿por qué no operó o no hizo servicios por superficie el Metro como emprea estatal? Así como se ha financiado el Metro, podría haberse financiado el transporte de superficie.
Creemos sencillamente que éste es un negocio más, incluso que apunta a la privatización del Metro”.
-¿Por qué considera esa probabilidad?
“Si se pone al Metro como eje estructurante y el servicio público de pasajeros por superficie le traerá una mayor cantidad de pasajeros, si están entrando empresas transnacionales al transporte público, lo que no se había visto nunca en Chile, tenemos claro que lo que se busca en un mediano plazo es la privatización del Metro, porque ahí está el gran negocio del transporte público de pasajeros”.
-Pero si el Metro opera bien no habría motivos…
“Estamos observando que el servicio está sufriendo un desmejoramiento terrible. A contar del 10 de febrero será peor y a contar de marzo el Metro colapsará, porque no tiene la infraestructura vial y de estaciones, no tiene mayor capacidad de trenes, para absorver el aumento sobredimensionado por encima del 100 % de pasajeros utilizándolo.
Hay estaciones que a la hora punta, sin Transantiago, son insoportables. Creemos que el transporte público, lejos de mejorar, tanto por superficie, como por Metro –que era lo mejor que había- tiende a vivir un proceso de desmejoramiento”.
-Entonces ¿esta modernización no sería la requerida?
“Estamos de acuerdo con la modernización, pero la forma en que se ha llevado adelante ha sido incorrecta. Se ha dejado al lucro sin responsabilidad social del Estado para con la población y los trabajadores del sector. Un buen negocio en el marco del neoliberalismo, que si no funciona tendrá que ser financiado, la tarifa subirá cuanto sea necesario y este gobierno no hara más que eso”.
Raul Blanchet Muñoz |
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